Dr. Rath Health Foundation

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Denuncia por genocidio y otros crímenes contra la humanidad perpetrados en relación con el «negocio con las enfermedades» de la industria farmacéutica y la reciente guerra de Irak

La competencia de la corte penal internacional sobre los acusados

Los acusados cometieron los delitos expuestos en esta denuncia deliberadamente y con pleno conocimiento de todas las circunstancias que rodeaban a sus acciones.

Los delitos señalados en este documento han sido cometidos contra toda la humanidad. La CPI en La Haya es el tribunal que, regido por el derecho internacional, tiene la misión de resolver estas cuestiones urgentes.

Además, la CPI se creó después de la Segunda Guerra Mundial y el Consejo de Guerra de Nuremberg con el objetivo de evitar otra tragedia semejante: posiblemente otra guerra mundial.

1. Obligación de enjuiciamiento de aquellos que ostentan los cargos

Los acusados pueden ser condenados y castigados por la Corte Penal Internacional.

El Estatuto será aplicable por igual a todos sin distinción alguna basada en el cargo oficial. En particular, el cargo oficial de una persona, sea Jefe de Estado o de Gobierno, miembro de un gobierno o parlamento, representante elegido o funcionario de gobierno, en ningún caso le eximirá de responsabilidad penal ni constituirá per se motivo para reducir la pena. (Artículo 27, Apartado 1 del Estatuto).

Las inmunidades y las normas de procedimiento especiales que conlleve el cargo oficial de una persona, con arreglo al derecho interno o al derecho internacional, no obstarán para que la Corte ejerza su competencia sobre ella. (Artículo 27, Apartado 2 del Estatuto).

2. Circunstancias eximentes de responsabilidad penal

Ninguno de los acusados puede acogerse a ninguno de los motivos especificados en el Artículo 31 del Estatuto sobre las circunstancias eximentes de responsabilidad penal.

Los acusados estaban actuando con pleno conocimiento en cuanto a la ilegitimidad de sus actos. Así pues, cualquier alegación que afirme lo contrario será nula de pleno derecho.

Igualmente nulos y sin efecto serán todos los esfuerzos de los acusados para justificar retroactivamente sus delitos formando «coaliciones» de opiniones con otras naciones.

3. Competencia para juzgar a todos los miembros del gobierno y a todos los ciudadanos de los Estados Unidos

Tampoco aquellos acusados que tienen la ciudadanía de los Estados Unidos de América pueden reclamar inmunidad ante la Corte Penal Internacional sólo porque los Estados Unidos de América, a diferencia de los otros 90 países de todo el mundo (es decir, casi la mitad de los miembros de las Naciones Unidas), no esté entre los estados signatarios del Estatuto de Roma.

Los acusados han estado mucho tiempo ideando planes para intentar evadir el enjuiciamiento de la Corte Penal Internacional. Sin embargo, los acusados no están eximidos de la competencia jurisdiccional del Tribunal, porque la simple ejecución de los delitos que conllevaron los actos que van a ser juzgados por la CPI ya es suficiente para estar sujeto a una pena según las condiciones del Estatuto.

No importa si uno pertenece a un estado miembro específico, ya que la Corte Penal Internacional tiene competencia sobre las personas naturales y no sobre los estados, y establece la responsabilidad penal individual y el cumplimiento de una pena (Artículo 25 Apartados 1 y 2 del Estatuto).

El Estatuto de la CPI considera innecesarios los intentos de la administración estadounidense de coaccionar a las naciones más pequeñas para firmar «pactos de inmunidad» bilateral.

Además, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas decidió que el gobierno de Estados Unidos, y por tanto, la mayoría de los acusados, no podían ni debían decidir por sí mismos si la Corte Penal Internacional tenía competencia para emprender una acción judicial contra ellos.

Esta decisión fue adoptada por una sencilla razón: pueden imaginarse qué habría ocurrido si se hubiera permitido a los principales imputados en los juicios de Nuremberg elegir si debían ser juzgados o no ante el Consejo de Nuremberg.

Por estas razones, los acusados, aunque sean ciudadanos de los Estados Unidos de América, están sujetos igualmente a la competencia jurisdiccional de la Corte Penal Internacional.

Petición final